Greenpeace denuncia que el proyecto del AVE Valencia-Castellón no mejorará el deficiente servicio de Cercanías
Incluso en el escenario más optimista, el proyecto no añade ni
un solo tren de cercanías a los que circulan actualmente, mientras que
el número de trenes de largo recorrido crecería un 233%
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presenta un segundo “plan de choque” que solucione los graves problemas
que arrastra Cercanías Valencia; pero lejos de centrarse en esos
problemas de Cercanías, las inversiones siguen priorizando la larga
distancia.
Por eso, Greenpeace ha indicado en un comunicado el rechazo la construcción de la nueva línea
de Alta Velocidad entre Valencia y Castellón sobre terrenos de huerta
protegida. La organización ecologista ha enviado al Ministerio de
Transportes (MITMA) alegaciones al proyecto, denunciando que ninguna de las 6 alternativas del Estudio Informativo implica una mejora del servicio de Cercanías,
lo que contradice los objetivos estratégicos del Ministerio que,
supuestamente, apuestan por priorizar las inversiones en la movilidad
cotidiana frente a la larga distancia.
Greenpeace también lamenta que los problemas de Cercanías se atiendan mediante promesas y medidas puntuales, mientras el proyecto de Alta Velocidad absorbe una inversión superior a 1.700 millones de euros.
En sus alegaciones a dicho proyecto, Greenpeace señala que, incluso en el escenario más optimista, no se añade ni un solo tren de cercanías a los que circulan actualmente,
mientras que el número de trenes de largo recorrido crecería un 233%.
Todo ello a pesar de que se espera un aumento del 45% en el número de
viajeros de Cercanías, según el estudio de demanda del Túnel Pasante de
Valencia (otro proyecto presentado por el MITMA en paralelo) y que
demuestra la falta de coherencia dentro del propio Ministerio.
“El Ministerio de Transportes dice haber cambiado su estrategia hacia un modelo de movilidad sostenible y cotidiana, pero mantiene
la obsoleta política de infraestructuras del antiguo Ministerio de
Fomento, como vimos el año pasado con las ampliaciones de aeropuertos de
Barajas y El Prat”, ha manifestado Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace.
Fernández afirma que el proyecto de una línea exclusiva para Alta Velocidad “tiene
su principal antecedente en el Plan de Infraestructuras de la época
Aznar (PIT 2000-2007), redactado en plena burbuja inmobiliaria, sin considerar
aspectos clave hoy en día como la descarbonización del transporte, los
impactos de la crisis climática o el trasvase de mercancías al
ferrocarril”.
Más capacidad para Cercanías y para el Corredor Mediterráneo:
La necesidad de potenciar el Corredor Mediterráneo para mercancías es
otra de las demandas de Greenpeace. Según indican en su escrito, la
nueva línea no será apta para trenes de mercancías, que seguirán
circulando por la vía actual compartida con Cercanías y Media Distancia,
lo que limita la capacidad del Corredor Mediterráneo para atraer camiones de la carretera y reducir las emisiones contaminantes.
La organización ecologista considera innecesario construir con
parámetros de muy alta velocidad en un tramo tan corto (menos de 80 km) y
reclama al MITMA una infraestructura polivalente, que sirva a todo tipo
de tráficos y no afecte a los terrenos protegidos de L’Horta Nord.
También propone fijar un horizonte temporal para una migración a ancho
estándar, similar a la desarrollada entre Castellón y Tarragona,
acabando con la complejidad del ancho mixto o “tercer hilo” que, desde
su implantación, está provocando buena parte de los problemas y retrasos
de este tramo.
Greenpeace también considera incoherente que se trabaje en
promover el ferrocarril de mercancías y, al mismo tiempo, se amplíen
carreteras para asumir más camiones en circulación. Por ello, la organización ecologista también demanda que se paralicen los proyectos de ampliación de autopistas (como
el by-pass de la A-7) al ser incompatibles con la descarbonización del
transporte que marca el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).
Con el envío de estas alegaciones, Greenpeace se suma al rechazo
mostrado por colectivos de usuarios, sindicatos y asociaciones
ecologistas como Per L’Horta o Acció Ecologista-Agró, que ya mostraron
sus reticencias durante la fase de información pública.
fuente greenpeace
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