Los operadores ferroviarios reclaman mayor
protección ante las bandas de grafiteros
Reclaman que este tipo de ataques reciban el tratamiento
de delito, y no falta de daños, y pide apoyo a la seguridad pública y a la
judicatura para plantar cara al problema
El Observatorio de Civismo en el Transporte
Ferroviario ha presentado los resultados del Informe 2017
correspondientes a los datos de incivismo de cerca de 27.000 casos
documentados por los operadores.
Los ataques de grafiteros organizados
suponen el mayor problema en el ámbito de la seguridad para los operadores
ferroviarios. Se trata de grupos delictivos coordinados, que descargan
indistintamente sobre instalaciones, material móvil, viajeros, empleados y
vigilantes de seguridad.
A
diferencia de los murales realizados en la vía pública, a veces tratados como
una variante de arte urbano, el grafiti ferroviario es siempre ilegal. Para
realizarlo se debe cometer previamente una intrusión en zonas sensibles de la
operación, acción que viola las leyes de seguridad ferroviaria y los reglamentos
de viajeros. Además, de un tiempo a esta parte, suele ir asociado a
comportamientos violentos y a diversos delitos como daños, robos, coacciones,
amenazas y agresiones.
Las bandas de vándalos grafiteros:
grupos numerosos y organizados
Según la información recabada,
también ha aumentado el número de integrantes de los grupos y destaca su elevado
grado de planificación y organización: suelen realizar acciones preparatorias en
las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de
seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer
el ataque y facilitar la salida.
La
violencia utilizada es otra característica de las intrusiones vandálicas que
realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y espráis
irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e
instalaciones.
A todo ello hay que
añadir que las entradas clandestinas en instalaciones ferroviarias comportan
riesgos para los propios grafiteros, para los empleados y para los usuarios. Los
más evidentes son los de atropello, electrocución y caída.
Los operadores ferroviarios integrados en el
Observatorio muestran su preocupación ante la imposibilidad de implantar
acciones de suficiente intensidad que frenen esta grave evolución, que perjudica
tan seriamente la seguridad de sus usuarios, la regularidad del servicio y la
integridad del personal, instalaciones y trenes.
Por ello, el problema requiere una
actuación firme en diferentes ámbitos y coordinada con los responsables de la
seguridad pública, ya que la envergadura del fenómeno desborda las competencias
y los medios de los operadores.
Es
contradictoria la progresiva despenalización de este fenómeno delictivo,
degradado primero de daños a deslucimiento de bienes, para finalmente
desaparecer del Código Penal en su última reforma.
Otros indicadores analizados en el Informe
2017
El Observatorio del
Civismo en el Transporte Ferroviario también ha analizado otros indicadores, que
han sufrido un crecimiento, como los insultos y amenazas a agentes ferroviarios,
los hurtos objetivados, las acciones de cruzar las vías, el uso indebido de
alarmas y desbloqueo de puertas, las roturas de barreras de peaje y pasos para
personas de movilidad reducida, etc.
Cabe destacar también la evolución del número
de casos de acoso sexual que, aunque con una baja frecuencia, han visto este
último año un incremento.
El
Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario fue constituido en 2012,
a raíz de una Jornada sobre Conductas Incívicas en el Transporte Ferroviario
organizada por FGC, y agrupa a los principales operadores del transporte
ferroviario: Renfe Operadora, Metro de Madrid, Transports Metropolitans de
Barcelona, TRAM, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Metro Bilbao, Metro
de Sevilla, Metro de Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotren, Metropolitano
de Tenerife, y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ostenta la
Secretaría Permanente.
La misión del Observatorio es analizar, evaluar y proponer medidas
dirigidas a disminuir o erradicar los comportamientos incívicos o delictivos en
las instalaciones ferroviarias, y tiene la vocación de contribuir a las
políticas públicas de reducción de las conductas incívicas o delictivas que se
producen en el ámbito de la prestación de servicios públicos esenciales, como
es el transporte por ferrocarril y tranviario, de especial sensibilidad para la
colectividad.
fuente ffe
rail press news
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