13 junio 2018

Los operadores ferroviarios reclaman mayor protección ante las bandas de grafiteros

Los operadores ferroviarios reclaman mayor protección ante las bandas de grafiteros 

Reclaman que este tipo de ataques reciban el tratamiento de delito, y no falta de daños, y pide apoyo a la seguridad pública y a la judicatura para plantar cara al problema


El Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario ha presentado los resultados del Informe 2017 correspondientes a los datos de incivismo de cerca de 27.000 casos documentados por los operadores.
 

Los ataques de grafiteros organizados suponen el mayor problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios. Se trata de grupos delictivos coordinados, que descargan indistintamente sobre instalaciones, material móvil, viajeros, empleados y vigilantes de seguridad.
 
A diferencia de los murales realizados en la vía pública, a veces tratados como una variante de arte urbano, el grafiti ferroviario es siempre ilegal. Para realizarlo se debe cometer previamente una intrusión en zonas sensibles de la operación, acción que viola las leyes de seguridad ferroviaria y los reglamentos de viajeros. Además, de un tiempo a esta parte, suele ir asociado a comportamientos violentos y a diversos delitos como daños, robos, coacciones, amenazas y agresiones.
 

Las bandas de vándalos grafiteros: grupos numerosos y organizados 


Según la información recabada, también ha aumentado el número de integrantes de los grupos y destaca su elevado grado de planificación y organización: suelen realizar acciones preparatorias en las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer el ataque y facilitar la salida.
 

La violencia utilizada es otra característica de las intrusiones vandálicas que realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y espráis irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e instalaciones.
 
A todo ello hay que añadir que las entradas clandestinas en instalaciones ferroviarias comportan riesgos para los propios grafiteros, para los empleados y para los usuarios. Los más evidentes son los de atropello, electrocución y caída.
 
Los operadores ferroviarios integrados en el Observatorio muestran su preocupación ante la imposibilidad de implantar acciones de suficiente intensidad que frenen esta grave evolución, que perjudica tan seriamente la seguridad de sus usuarios, la regularidad del servicio y la integridad del personal, instalaciones y trenes.
 

Por ello, el problema requiere una actuación firme en diferentes ámbitos y coordinada con los responsables de la seguridad pública, ya que la envergadura del fenómeno desborda las competencias y los medios de los operadores.
 

Es contradictoria la progresiva despenalización de este fenómeno delictivo, degradado primero de daños a deslucimiento de bienes, para finalmente desaparecer del Código Penal en su última reforma.
 

Otros indicadores analizados en el Informe 2017 


El Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario también ha analizado otros indicadores, que han sufrido un crecimiento, como los insultos y amenazas a agentes ferroviarios, los hurtos objetivados, las acciones de cruzar las vías, el uso indebido de alarmas y desbloqueo de puertas, las roturas de barreras de peaje y pasos para personas de movilidad reducida, etc.
 
Cabe destacar también la evolución del número de casos de acoso sexual que, aunque con una baja frecuencia, han visto este último año un incremento.



El Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario fue constituido en 2012, a raíz de una Jornada sobre Conductas Incívicas en el Transporte Ferroviario organizada por FGC, y agrupa a los principales operadores del transporte ferroviario: Renfe Operadora, Metro de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, TRAM, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Metro Bilbao, Metro de Sevilla, Metro de Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotren, Metropolitano de Tenerife, y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ostenta la Secretaría Permanente.

La misión del Observatorio es analizar, evaluar y proponer medidas dirigidas a disminuir o erradicar los comportamientos incívicos o delictivos en las instalaciones ferroviarias, y tiene la vocación de contribuir a las políticas públicas de reducción de las conductas incívicas o delictivas que se producen en el ámbito de la prestación de servicios públicos esenciales, como es el transporte por ferrocarril y tranviario, de especial sensibilidad para la colectividad.
 

fuente ffe

 
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